Modalidad específica de organismo público que realiza actividades de prestación o gestión de servicios o producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación económica. Las entidades públicas empresariales, a diferencia de los organismos autónomos, se rigen con carácter general por el Derecho privado, si bien también les resulta aplicable como a aquéllos el régimen de Derecho público en relación con el ejercicio de potestades públicas administrativas que tengan atribuidas, en la formación de la voluntad de sus órganos y con determinados aspectos de su funcionamiento. Las potestades administrativas atribuidas a las entidades públicas empresariales sólo pueden ser ejercidas por los órganos de éstas que tengan expresamente atribuida dicha facultad según los estatutos del organismo público. Los órganos de las entidades públicas empresariales no son asimilables en su rango administrativo con los órganos de la Administración General del Estado. Las entidades públicas empresariales dependen de un Ministerio u Organismo autónomo al que corresponden las funciones de dirección estratégica, evaluación y control de los resultados de su actividad a través del órgano de adscripción del Ministerio u Organismo. No obstante, con carácter excepcional, pueden existir entidades públicas empresariales con función de dirigir o coordinar otras entidades públicas empresariales. La contratación de las entidades públicas empresariales se rige por las prescripciones de la legislación sobre contratos de las Administraciones Públicas, siendo necesaria la autorización del Ministerio al cual estén adscritas para celebrar contratos por importe superior a determinada cuantía. El régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero de las entidades públicas empresariales es el establecido en la Ley General Presupuestaria. |
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